La crisis actual es mundial. Todas las naciones están afectadas, unas más que otras, de lo que bien podríamos llamar «epidemia económica», a la cual, a mi modo de ver, son los Estados los únicos que pueden darle una solución.
En cada nación, su Gobierno tendría que abrir trabajos, ya sea en obras públicas, ya sea de otra clase, siendo ésta la única forma de solucionar la crisis económica. Es pura obligación de todo Gobierno, trabajar, velar y administrar la economía nacional, por ser la prosperidad y el bienestar del país.
Coincide con mi modesta opinión, don Pedro Gual Villalbi, en su artículo publicado en La Vanguardia del día 6 de enero del corriente año, cuyo título es: «Paro forzoso y obras públicas».
En algunos de sus párrafos dice así:
«Se ha dicho bastante que la situación actual de la economía del mundo es grave y se nos repite con fúnebres augurios que todo está amenazado de muerte si no se toman pronto iniciativas saludables. Cualquier remedio es bueno en tan extremas circunstancias y el de las obras públicas no sólo parece bueno, sino que disfruta de tal ascendiente que son muchos los que lo consideran como el mejor. Se calcula que en el mundo hay actualmente unos treinta y cinco millones de obreros en paro forzoso, de los cuales corresponden a Europa más de veinte millones. Esta masa de población parada, que se ve obligada a reducir al límite menor posible sus consumos habituales, es un peso muerto que hace perdurar la precaria situación de las producciones y de los negocios, todos ellos en acelerado declive. Además de este perjuicio directo, los gastos de simple asistencia a los parados suben a más de 4.000 millones por año, que es una suma que desequilibra los presupuestos de los Estados, sin ventaja presente ni futura y obliga a imponer nuevas cargas a las producciones. Ante estas premisas, el razonamiento más elemental conduce en seguida a formular esta pregunta: ¿ por qué no invertir esta cifra — adicionando otras más, si fuese preciso — en trabajos públicos reproductivos ?
De hacerse así — se dice — disminuiría considerablemente el paro, y los salarios normales percibidos por los obreros les permitirían abandonar sus actuales restricciones en el consumo. Esta mayor capacidad de compra haría revivir los negocios, porque el incremento de la demanda significaría aumento de actividad en las fábricas, con las consiguientes posibilidades de ocupación para los obreros y aun para los técnicos y empleados de todas las categorías. Volverían a circular los capitales estancados y se estimularía la reacción en los precios. ¡ La crisis estaría superada ! El remedio no sólo se aconseja por lo inofensivo y eficaz, sí que también se recomienda desde el punto de vista de la tranquilidad social, porque, apartado el obrero del estado de desmoralización en que vive por falta de trabajo y de recursos y por la humillación de recibir el auxilio insuficiente de la asistencia pública, se desentendería de las prédicas anarquistas y disolventes que hoy hacen fácil mella en su ánimo descontento.
Esto se presenta tan claro, que en los centros y reuniones internacionales, donde se toma el pulso del organismo económico mundial y se receta pródigamente para su restablecimiento, ha habido casi unanimidad de pareceres en aconsejar los planos de obras públicas como una medida salvadora. La primera conferencia internacional del trabajo, reunida en 1919 en Washington, preconizó la necesidad de los trabajos públicos coordinados. El líder obrerista M. Jouhaux — uno de los que más ascendiente han alcanzado en los centros ginebrinos — se ha lamentado de que en su tiempo no se hiciese caso de tal recomendación, porque en aquel entonces no se preveía la magnitud que alcanzaría la crisis económica, y cree que si se hubiese puesto oportunamente en práctica el remedio, el malestar actual habría resultado muy atenuado. Con estos antecedentes no es de extrañar que la Sociedad de Naciones recomiende las obras públicas para luchar contra el paro y pretenda incluso dar una organización internacional a los proyectos presentes.
En proporciones menos colosales, otros Estados han hecho o proyectan hacer lo suyo. A fines de septiembre el Parlamento de la República Argentina votó una ley disponiendo de 216 millones de pesos para un programa de construcciones ferroviarias, que forman parte del programa para corregir el paro y que ha de desarrollarse en un cierto número de años. Además, la propia Cámara aprobó otros 40 millones de pesos para completar el ferrocarril necesario para unir el Transandino con el puerto chileno de Antofagasta. A quien sepa cómo están las finanzas argentinas y las cosas que se ve obligado a hacer su gobierno como consecuencia de la precaria situación en que se encuentra, le dirán bastante las cifras anotadas para ponderar la magnitud del sacrificio que representan.
Cerca de cien millones de libras invirtió Inglaterra en diversos planos, cediendo a la preocupación del grave problema del paro forzoso. De la misma manera podríamos ir enumerando ejemplos de otros países, lanzados con igual o parecido ardor a la tarea de acometer vastos proyectos de obras públicas, animados por la ilusión del que toma un remedio que, si bien le reporta molestias y sacrificios, piensa que de sobra los hallará compensados recobrando la salud perdida.
El capitalizar los alquileres que actualmente el Estado paga para alojamientos de sus dependencias en distintos puntos y emitir sobre esta base un empréstito, con cuyo producto edificar para cubrir aquellas atenciones, será seguramente una buena operación financiera, pero desde el punto de vista de la colocación de obreros, habrá de tener una eficacia muy relativa.
Todo esto viene a cuento para decir que también nosotros, aunque con retraso y con los inevitables titubeos, nos hemos dejado embalar en la corriente general y nos hemos fijado en las obras públicas para hacer frente a la crisis e intentar remediar el paro.»
Todo muy bien, con lo único que discrepo del señor Villalbi es con lo del empréstito: no hay necesidad de imponer más cargas a la nación, le sobran con las que lleva, pues ya hubo un ministro que propuso en el Congreso pasaran a ser propiedad del Estado los locales que tiene arrendados, mediante un empréstito, y acto seguido la Sociedad de Banqueros ofreció su concurso, que en caso de ser puesto a la práctica hubiera sido una gabela más, que estimo innecesaria.
En mi artículo publicado en nuestra revista la tintorería titulado «Las cuestiones sociales» hablo del retiro obrero, maternidad y accidentes del trabajo; pues bien, insisto en lo mismo : si pagáramos los patronos veinte céntimos diarios por obrero y dejáramos de pagar a las compañías aseguradoras el impuesto de retiro obrero, maternidad y accidentes del trabajo, los patronos saldríamos beneficiados — porque ahora pagamos mucho más de veinte céntimos diarios por obrero y los obreros estarían más bien retribuidos ; por parte del obrero debería pagar diez céntimos diarios, que no constituye ninguna carga para un obrero él pagar tres pesetas mensuales, ya que sería como un seguro de vida y un vitalicio para cuando llegue a la edad de cincuenta y cinco años, o tuviera la desgracia de quedar inútil para el trabajo, entonces el subsidio por el retiro, accidente o vitalicio podría ser de 50 ó 60 ptas. semanales, y de estos treinta céntimos por obrero podría obtenerse el capital sin necesidad del empréstito, o si no veamos.
Si en España hay 21 1/2 millones de habitantes, aceptamos que sólo trabajan 11 millones y medio, los diez restantes los clasificamos en niños, mujeres, hombres inútiles para el trabajo y parásitos. Si tenemos pues en España 11 millones y medio de obreros y por cada uno se recauda treinta céntimos diarios, o sea 9 ptas. al mes, el resultado de la recaudación mensual sería de 103.500.000 ptas., y este capital se podría invertir en trabajos públicos reproductivos.
Esto parece a simple vista que implicaría dificultades en la recaudación, pero para darle más facilidades podría hacerse por regiones, por ejemplo Cataluña tiene 2.344.729 habitantes, pongamos que sólo trabajan 1.344.729 cotizando treinta céntimos por día al mes se recaudarían 12.102.561 ptas. Establecer una delegación en cada provincia como son : central, Barcelona; delegaciones, Tarragona, Lérida y Gerona (expongo el caso de Cataluña por ignorar el número de habitantes de las demás regiones, pero para el caso es lo mismo). Creo que poniendo esta idea a la práctica podría prescindirse del empréstito que es equivalente a librarnos de nuevos impuestos y garantizar el porvenir del obrero; y aun habría otro beneficio : la acumulación del capital, que en vez de tenerlo inactivo podría hacerse trabajar, pasando los beneficios a engrosar el fondo de la caja que podríamos llamar «Caja Mutual del Obrero» porque el obrero es merecedor de que cuando llegue a la edad del retiro no sea para la familia una carga, sino que el resto de vida pueda disfrutarla sin privaciones, a lo que tiene derecho después de su larga vida de trabajo.
Publicado en el Nº 58 de "La Tintorería", Noviembre de 1934
JOSÉ RlBÉ